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Elementos políticos y técnicos de la comparecencia de Luis Guillermo Solís ante la Asamblea Legislativa

Este miércoles 20 de setiembre (2018) asistimos a un claro y necesario ejercicio de control político, en el que fue llamado el ex Presidente Luis Guillermo Solís, ante la Comisión Legislativa de Control de Ingresos y Gasto Público.

El escenario, los actores y los guiones son los que se esperaban. No hubo realmente sorpresas. En lo político y en lo técnico no “levantó” realmente nada distinto de lo que ya desde hace tiempo ha venido plantéandose. Por lo tanto, sale – una vez más – perdiendo la clase política, pues el resultante final, luego de todas las participaciones, es más de lo mismo de la dramaturgia a la que hemos estado acostumbrados.

Vamos por partes.

En lo político, el tema independientemente de cuándo se hubiera hecho la comparecencia siempre sería un mal momento, ello porque hay un contexto de huelga que trasciende – incluso hora a hora, día a día – a las declaraciones de unos y otros. De hecho, la parrilla informativa tiene ya de por sí una carga lógica de noticias hacia un tema permanente y tendrá el otro por coyuntural.

Lo segundo es que no movió – al menos así pareciera – las posiciones que unos y otros sectores y actores ya han venido sosteniendo. Por lo tanto, lo que se percibe es que una vez más las banderas pesan más que las razones, que el sesgo partidario corre más rápido que los fundamentos técnicos. Y ahí es donde como país nos perdemos.

Siempre en lo político: El ex mandatario Solís se presentó con un guión que en lo sustantivo se fundamentó en tres elementos: 1) aportar “evidencias” o “pruebas”, para poner de manifiesto que se trataba, según su planteamiento, de un juicio – que ya estaba de previo preparado para que le resultara negativo – 2) que no se trataba de un “hueco” sino de un “faltante” de recursos para la atención de la situación fiscal y así alejar alguna posible diversificación del tema hacia “corrupción” 3) que no sería parte de un juego de señalamientos o indicación de responsabilidades. Lo demás fueron datos, cronología y argumentos que soportaron esos tres objetivos políticos, con los que hilvanó su discurso.

Por su parte los diputados, salvo contadas excepciones, dieron evidencia de no haber preparado cuestionarios con base en lo medular de la situación, sino en lo político. Centrar sus participaciones en si se presentaría de nuevo como candidato a la Presidencia de la República; criticar si había o no “heroísmo” en su actuar; hacer una única pregunta – leída – y luego cerrar con una afirmación de culpabilidad para finalmente decir que posteriormente tomaría el resto de su tiempo reglamentario, fue mucho menos de lo que se esperaría de una persona legisladora que se preparó para hincar mediante la mayéutica o un adecuado litigio basado en hechos comprobados. Incluso lanzar calificativos, para ver de qué manera mediante la retórica y el lenguaje confrontativo, se ganaba relevancia, resultó también una tónica que puso en evidencia el fin político, sobre el técnico. Todo lo cual, no está ni bien ni mal, sino que responde a eso: objetivos que se construyen independientemente de si se tiene al interlocutor presente o no.

Como lo señalé ayer: cuando el tiempo se utiliza más para afirmar que para preguntar, demuestra que no hubo preparación. Hicieron falta las preguntas que ponían contra la pared.

Si la idea de una comparecencia era sentar responsabilidades, las preguntas son relevantes. No se deja escapar tiempo, detalles y señalar duramente, en aras de hacer show. También hay complicidad al preguntar sin sentido, pues al hacer preguntas sin sentido, se obtienen las respuestas que no se desean.

En lo técnico: Hubo ocasiones sensibles, de preguntas certeras (la diputada León y algunas de la diputada Nicolás, entre ellas) que apuntaban al fondo del asunto:

¿Por qué no se presupuestaron recursos para la atención de lo que sí se tenía certeza estaba faltando, de manera sistemática?

¿Por qué no se consideraron presupuestos extraordinarios basados en escenarios que (ya siendo ciertos) para alertar de la situación fiscal?

¿Por qué teniendo cifras – aunque fueran distintas respecto del faltante – no se presupuestaron al menos montos “mínimos” o técnicamente alguno que sirviera para tomar las previsiones?

El país debió ser alertado del “faltante” o “hueco” independientemente de si la cifra era “limpia” o no. Una sola cifra, si era posible sustentarla, sería mejor que ninguna.

¿Por qué si salió el Presidente ante la alarma de faltante de recursos antes, no se hizo de diciembre a la fecha de su salida?

¿Dónde estaba la persona de máxima jerarquía en la rectoría de la hacienda pública para dar razón al mandatario?

Si el Presidente sabía o no sabía es sin duda relevante, pero aún más relevante es qué sabía (ergo qué se le informaba).

Faltó mucha más preparación de las preguntas, faltó mayor coordinación entre quienes formaron parte de la comisión, de las fracciones, incluida la del partido gobernante.

Hoy todo vuelve de nuevo a la huelga. Seguramente solo tendremos dos procesos más que vuelvan sobre este (para nada insignificante tema de más de un billón de colones): el informe de la Comisión Legislativa y la posibilidad que el Ministerio Público acoja la denuncia que anunció la legisladora Nicolás.

El objetivo político – absolutamente evidente, más que el técnico – lo veremos irse desarrollando próximamente y es lógico: que quede en el imaginario nacional que fue el PAC, en la figura de su primer Presidente, el causante de agravar, una ya crítica situación fiscal, y que lo hizo de la manera más irresponsable de la que históricamente se haya presenciado jamás. Así se ataca al PAC (como partido, para las elecciones) y no al Gobierno actual (al que urge para todos deje una buena situación fiscal, para no lidiar con ella eventualmente si las elecciones favorecen otro partido).

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Gustavo Araya

Director/Presidente at Instituto Ciudadano
Politólogo y Máster (Magister Scientiae) en Comunicación (graduación de honor). Profesor en las áreas de Investigación, Audiencias, Recepción y Teorías de la Comunicación, en grado y postgrado en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, desde 2005.

Con 20 años de trabajo profesional como investigador, consultor, en las áreas Comunicación Política, Opinión Pública, Inteligencia de Mercados y Gestión de Ciudadanía. Ex Director de la Unidad de Monitoreo y Análisis de la Presidencia de la República en Costa Rica (1994-1998) y Ex Director de Estudios de Opinión Pública para Centroamérica y República Dominicana para las compañías CID-Gallup (1999-2007), GfK (2007-2008) e Ipsos en Centroamérica (2008-2010).
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