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Algunos elementos sobre la posición de la Corte Suprema de Justicia.

 Luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, sobre el proyecto de “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” (20580) que se discute en la Asamblea Legislativa, existen algunos elementos que, aunque básicos, explican la posición de este actor institucional.
1) La política en democracia funciona siempre a partir o en relación con un marco normativo. La política (el ejercicio del poder) se da en relación con unas “reglas del juego”. Por ello es importante tener claro que el marco jurídico determina precisamente el ejercicio del poder. No en balde los regímenes (sean democráticos o no) buscan establecer estas reglas del juego. Es así como, en nuestro país, “lo posible” está determinado en última instancia por la Constitución Política, como marco normativo superior.
2) Las señoras y señores Magistrados son actores políticos (en el sentido amplio de la palabra), no solo concentran y ejercen poder, sino que lo hacen en relación con su entorno, tanto interno como externo; ello más allá de efectivamente ser un Poder constitucionalmente establecido (este exclusivamente para ejercer la función jurisdiccional). Por lo tanto, el Poder Judicial “puede” literalmente traerse abajo este proyecto de ley, como cualquiera otro, pero siempre y cuando lo haga dentro de lo establecido en el marco normativo.
3) La Corte Suprema de Justicia es un “grupo de interés” (en sentido clásico como los caracterizó Jean Maynaud, específicamente de notables, como los señaló Maurice Duverger). Por lo tanto ejercerá mediante algún recurso de acción política (discursiva o factual) su poder, en función de cumplir con sus objetivos.
4) La Corte a su vez está inmersa en un ambiente político, en el que sus posiciones y acciones (no en lo jurisdiccional, donde debe existir absoluta independencia, así señalada por la Constitución Política) se ven afectadas (son objeto de persuasión, intimidación, coacción) por una gran diversidad de otros grupos de interés y de presión (organizados y no organizados) como sindicatos y sectores profesionales, entre otros.
5) Tenemos así, al parecer por lo tanto, en la presente coyuntura, dos posiciones. Una sobre el Poder Judicial, en su función jurisdiccional; otra, sobre el poder en sí mismo (la correlación de fuerzas a lo interno y externo) de este Poder de la República.
Teniendo en cuenta estos puntos anteriores es posible percatarse que el Señor Presidente de la Corte buscó constituirse en el “abanderado” de su grupo de interés (como Corte), pero también de ejercer poder (más allá del jurisdiccional) y responder al cuerpo de actores organizados y no organizados que se encuentra tanto dentro, como fuera de la institución que representa.
Además, ha sido más que obvio, en esta ocasión, que buscó intencionalmente hacer pública la discusión, valiéndose de recursos de acción comunicativa, como – para lo que algunos fue – adelantar criterio o bien renunciar al pago del ejercicio “gerencial” para tratar de validar su posición; pero además utilizando nuevos medios (Facebook) para transmitir la sesión en que se discutió el tema el pasado día martes, pues él sabía que tenía varios “públicos”, audiencias más allá de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo.
Nótese que, pese a que la discusión sobre el proyecto de ley debió darse en un marco de la indeseada intromisión de poderes, bajo la premisa de no tocar en lo absoluto la independencia jurisdiccional; en la argumentación dada por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia se encuentran elementos fuera de ello; y más pareció buscar factores vinculados con el poder en sí – en la capacidad de persuadir a la Asamblea Legislativa, al tener enfrentarse a buscar la cifra de 38 votos. Pero sobre todo, su argumentación recurrió – apalancado por la Dirección Jurídica – a buscar reunir intereses endémicos, propios de la Corte como grupo, pero especialmente del Poder Judicial en general, con una suerte de amalgama discursiva en la que mágicamente hoy todas las personas funcionarias de esta institución, encuentren empatía (sean o no “clase media”).
En lo que a potestades constitucionales de empleo y hacienda pública se refiere, ya la Constitución Política en sus artículos 156 y 177, por ejemplo, señala lo correspondiente a Servicio Civil y preparación del proyecto ordinario de presupuesto por parte del Ejecutivo (al cual está supeditado el Judicial) y por lo tanto, derivado de ello, lo que eventualmente se considere por vía de regla fiscal.
Por lo tanto, lo que encontramos en la coyuntura actual es al Poder Judicial – en la figura de su Presidente – en el ejercicio del poder propiamente dicho, entremezclando premisas de índole política (de gobierno judicial, administrativas, empleo y demás), con aquellas que son de naturaleza constitucional (intromisión en la función jurisdiccional), de manera que la conclusión le resulte atinente a responder con los intereses que como grupo o colectivo les es conveniente.

Hoy, en un escenario convulso y de por sí complejo, el pronunciamiento de la Corte y el de su señor Presidente no hacen más que trocarlo en uno aún más complicado; con las miradas internacionales sobre nuestra capacidad para alcanzar consensos, con los ojos de quienes ven en esto en una oportunidad para hincar al Estado y usufructuar de la especulación, y de la de miles de familias que se suman a la pobreza.

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Gustavo Araya

Director/Presidente at Instituto Ciudadano
Politólogo y Máster (Magister Scientiae) en Comunicación (graduación de honor). Profesor en las áreas de Investigación, Audiencias, Recepción y Teorías de la Comunicación, en grado y postgrado en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, desde 2005.

Con 20 años de trabajo profesional como investigador, consultor, en las áreas Comunicación Política, Opinión Pública, Inteligencia de Mercados y Gestión de Ciudadanía. Ex Director de la Unidad de Monitoreo y Análisis de la Presidencia de la República en Costa Rica (1994-1998) y Ex Director de Estudios de Opinión Pública para Centroamérica y República Dominicana para las compañías CID-Gallup (1999-2007), GfK (2007-2008) e Ipsos en Centroamérica (2008-2010).
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